Justicia selectiva o verdad completa: el fondo que nadie quiere investigar

Ajá, te lo dije …|editorial
Por Marije Santacruz Ojeda

Más allá del debate legal, el caso de Víctor Guerrero ha abierto una discusión más profunda y necesaria: ¿se está buscando justicia o solo responsables aislados? ¿Responsables de qué? Porque cuando una conducta se repite durante dos administraciones distintas, con diferentes personas pero titulares de las mismas instituciones y bajo el mismo esquema operativo, resulta imposible hablar de responsabilidades individuales sin hablar de un sistema completo.

Hoy, Víctor Guerrero cumple casi cinco meses en prisión preventiva justificada, señalado por un presunto delito de peculado. Sin embargo, su defensa sostiene que no existió tal delito, que no existe desvío ni distracción de recursos públicos, algo necesario para configurar el delito de peculado, ya que el dinero provenía de descuentos al salario de los trabajadores de la educación, aportados a un fondo destinado a prestaciones de previsión social como incapacidades, invalidez o fallecimiento. Un fondo que, además, no nació en la administración pasada, sino que existe desde 1986 como resultado de un acuerdo contractual entre la Sección 54 del SNTE y el Gobierno del Estado de Sonora.

El convenio vigente fue firmado en 2004, durante el gobierno de Eduardo Bours, por el secretario de Hacienda, el secretario de Educación y Cultura y el entonces dirigente sindical. En ese documento el Estado asumió la obligación de garantizar el pago de siniestros a los trabajadores. Esa responsabilidad, según la defensa, sigue plenamente vigente y que existen documentos en la carpeta de investigación que prueban su aplicación mediante el mismo esquema de operación por lo menos hasta mediados de 2024.

Lo que hoy genera inquietud no es solo la situación jurídica de Víctor Guerrero, sino la aparente selectividad con la que se ha aplicado la ley. Existen al menos cinco funcionarios denunciados ante la Fiscalía Anticorrupción del Estado por haber participado en el mismo esquema de administración de recursos. La petición es clara: si lo que hizo Guerrero constituye un delito según la Fiscalía estatal, entonces quienes realizaron, o realizan, exactamente la misma conducta también deben ser investigados e imputados y vinculados a proceso. Y si no hay delito, entonces no debe haber persecución contra ninguno.

“Cuando dos personas hacen exactamente lo mismo y solo una es procesada, eso no es justicia, es justicia selectiva”, sostienen sus abogados.

Un punto todavía más delicado es el origen mismo de la denuncia. El ex secretario de la SEC, Víctor Guerrero no denunció a funcionarios ni al sindicato, sino a una empresa privada que administraba el fondo, al señalar que no rendía cuentas claras y que podría existir un faltante. Esa fue la denuncia inicial. Sin embargo, hasta hoy, la Fiscalía no ha determinado si existe o no ese faltante, de cuánto sería ni quién sería el responsable. La investigación se desplazó hacia el tema de los descuentos salariales y la supuesta naturaleza “ilegal” del recurso, dejando intacta la pregunta original: ¿se perdió dinero o no?

Lo que resulta aún más llamativo es el silencio del sindicato. Si el fondo pertenece a los trabajadores, ¿por qué ni el dirigente sindical anterior ni el actual han exigido públicamente que se investigue si hubo un daño patrimonial? ¿Por qué no hay una defensa activa del dinero que, en teoría, pertenece a su base laboral?

Además, los descuentos siguen vigentes. El propio escrito de Víctor Guerrero señala que actualmente continúa la retención salarial para integrar el fondo financiero de previsión social, exactamente bajo el mismo esquema que hoy se cuestiona. Es decir, el mecanismo que hoy se presenta como presuntamente delictivo sigue operando sin cambios.

Esto coloca a la Fiscalía ante una disyuntiva inevitable:
o el esquema es legal y no existe delito,
o el esquema es ilegal y entonces hay una cadena de responsabilidades que involucra a funcionarios de dos administraciones, líderes sindicales y órganos de control que permitieron su continuidad.

No puede ser delito para uno y normalidad administrativa para otros.

Mientras tanto, Víctor Guerrero permanece privado de su libertad. Su abogado informó que recientemente presentó problemas de salud, derivados de asma y afectaciones pulmonares, aunque su estado general es estable. Más allá de su condición física, el caso refleja el impacto humano de una acusación que, hasta ahora, no ha resuelto lo esencial: si realmente existió un daño al patrimonio de los trabajadores.

Este no es solo un caso judicial. Es una prueba para el sistema de justicia.
Porque no hay peor injusticia que investigar a medias, ni mayor contradicción que exigir legalidad sin aplicar la ley de manera pareja.
Ajá, te lo dije.