Diputados exigen aclarar entrega de 54 hectáreas a empresa gasera en Guaymas; advierten riesgos ambientales
Hermosillo, Sonora; 22 de octubre de 2026.– Los diputados Gabriela Félix Bojórquez, de Movimiento Ciudadano, y Juan Pablo Arenivar Martínez, del PAN, exigieron al Gobierno de Sonora transparentar las condiciones bajo las cuales se otorgaron 54 hectáreas a la empresa Amigo LNG para desarrollar una terminal de licuefacción y almacenamiento de gas natural en Guaymas.
Durante la sesión del Congreso del Estado, ambos legisladores cuestionaron la presunta entrega gratuita de terrenos públicos a una empresa privada y advirtieron sobre posibles afectaciones ambientales y económicas para el sector pesquero del Golfo de California.
Gabriela Félix señaló que, en abril de 2026, la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) autorizó ambientalmente el proyecto, el cual, según la diputada, contempla un contrato de comodato con el Gobierno estatal para utilizar terrenos de dominio público.
La legisladora también acusó a Morena y sus aliados de impedir que se incluyera en el orden del día un exhorto para solicitar explicaciones a las autoridades estatales.
Por su parte, Juan Pablo Arenivar aseguró que documentos presentados por la empresa en Estados Unidos hacen referencia a un contrato de arrendamiento por 30 años y a derechos sobre terrenos costeros, situación que, sostuvo, contradice declaraciones del Ejecutivo estatal.
“No estamos en contra de la inversión ni del desarrollo. Se trata de que se respete la ley y de que no se entreguen los bienes de los sonorenses en lo oscurito”, expresó el diputado panista.
Arenivar advirtió que la instalación de la terminal en el Parque Industrial Pesquero Rodolfo Sánchez Taboada podría afectar la actividad pesquera y la biodiversidad marina.
Los legisladores solicitaron claridad sobre las condiciones legales del proyecto, sus posibles impactos ambientales y los beneficios económicos para Sonora.
Las acusaciones corresponden a los posicionamientos de ambos diputados y requieren contrastarse con la documentación oficial y la postura del Gobierno estatal y de la empresa señalada.
