Proponen modificar la figura legal de Amparo: ¿para bien o para mal?
Hermosillo, Sonora, septiembre 2025. El juicio de amparo es uno de los instrumentos jurídicos más importantes de México. Creado en nuestro país y replicado en otras naciones, está previsto en los artículos 103 y 107 de la Constitución, y es la vía con la que cualquier persona puede defenderse de actos arbitrarios de la autoridad.
Se trata de una figura de puño nacional, motivo de orgullo para México, porque ha servido de escudo ciudadano frente al poder público durante generaciones.
¿Qué es el amparo?
El amparo es el medio de control constitucional que permite a los ciudadanos detener actos de la autoridad que violen sus derechos fundamentales: la vida, la libertad, la propiedad o el libre tránsito.
Existen dos tipos de interés:
• Interés jurídico: cuando un derecho personal y directo se ve afectado.
• Interés legítimo: más amplio, que permite a colectivos u organizaciones defender causas de interés general, como medio ambiente, vivienda o procesos legislativos.
¿Qué busca la reforma?
El gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, argumenta que existen abusos en el uso del amparo:
• Se utiliza para retrasar obligaciones fiscales, como en el caso de un empresario dueño de las empresas Tv Azteca, Banco Azteca y la tienda Elektra.
• Se emplea para frenar bloqueos de cuentas y otros procesos judiciales, lo que alarga litigios durante años y genera inseguridad jurídica.
La propuesta plantea que los jueces nieguen suspensiones de amparo cuando se considere que éstas puedan afectar al sistema financiero nacional o al interés social.
¿Por qué preocupa?
Juristas y colegios de abogados señalan que la reforma podría debilitar la protección ciudadana:
• Suspensiones limitadas. Sin esta medida cautelar, actos de autoridad como el congelamiento de cuentas o una orden de aprehensión podrían ejecutarse de inmediato, aun si después se comprueba que fueron ilegales.
• Restricción del interés legítimo. Se exigiría que el daño fuera personal y directo, lo que dejaría fuera a colectivos y organizaciones que hoy pueden promover amparos en defensa de comunidades enteras.
• Mayor vulnerabilidad. En la práctica, el ciudadano común perdería un recurso clave para defenderse de detenciones ilegales, desalojos sin orden judicial o expropiaciones indebidas.
El amparo no es solo un trámite legal: es el oxígeno jurídico que protege a los ciudadanos frente a abusos del poder.
El gobierno sostiene que la reforma busca cerrar espacios a fraudes y prácticas dilatorias, pero especialistas advierten que también podría colocar a los ciudadanos en un estado de indefensión.
La discusión de fondo es si estas modificaciones realmente agilizan la justicia o si, por el contrario, limitan un derecho fundamental que ha dado a México reconocimiento mundial.
En pocas palabras: la pregunta que hoy está en el Senado es clara ,¿la reforma al amparo será un avance para la justicia o un retroceso para los derechos ciudadanos?