Emeterio Ochoa exige investigar contratos por más de 156 mdp y presuntos conflictos de interés en el IEE

Emeterio Ochoa exige investigar contratos por más de 156 mdp y presuntos conflictos de interés en el IEE

El diputado del PRI señaló posibles vínculos entre funcionarios, familiares de Guadalupe Taddei y empresas proveedoras de material electoral.

Hermosillo, Sonora; 29 de octubre de 2026.– El diputado local del PRI, Emeterio Ochoa Bazúa, exigió desde la tribuna del Congreso de Sonora investigar presuntas irregularidades en contratos de material electoral por más de 156 millones de pesos, adjudicados por el Instituto Estatal Electoral (IEE) entre 2017 y 2025.

Durante su posicionamiento, el legislador denunció posibles conflictos de interés relacionados con la familia de Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), así como presuntos vínculos entre funcionarios de Morena y empresas proveedoras de organismos electorales.

“Hay un gran y claro conflicto de interés. Lo hubo antes y lo hay hoy”, expresó Ochoa Bazúa, al cuestionar nombramientos públicos y adjudicaciones que, a su consideración, podrían comprometer la imparcialidad de las instituciones electorales.

Señaló que empresas presuntamente relacionadas con un mismo grupo empresarial habrían recibido contratos superiores a 156 millones de pesos, de los cuales 89 millones corresponderían a la actual administración del IEE.

Asimismo, cuestionó un contrato de arrendamiento celebrado en 2022 por el organismo de transparencia de Sonora con Inmobiliaria Alta Sierra, por un millón 231 mil pesos anuales, empresa que, según afirmó, estaría vinculada con familiares del gobernador Alfonso Durazo.

Ante estos señalamientos, solicitó al Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización (ISAF) revisar las contrataciones y pidió a la Fiscalía Anticorrupción iniciar una investigación para determinar posibles responsabilidades.

También reiteró la solicitud presentada junto con la diputada Iris Sánchez Chiu para que el presidente del IEE comparezca ante el Congreso y explique las adjudicaciones realizadas, además de exigir la publicación de los contratos celebrados desde 2023.

“En Sonora no queremos solamente una renuncia a modo. Queremos la verdad, cuentas claras y que nadie esté por encima de la ley”, concluyó.