Nos quieren criminalizar por la protesta y huelga de hambre: Covafam
Hermosillo, Sonora.- Junio 6 de 2026. ntegrantes del Colectivo por la Educación Inicial y Familias (Covafam) denunciaron actos de intimidación, luego de que cuatro maestras que participan en una huelga de hambre fueran notificadas para comparecer ante la autoridad ministerial el próximo 9 de junio.
La representante del colectivo informó que las notificaciones lad entregaron agentes de la Agencia de Investigación Criminal, AMIC, a las 10:20 de la noche del jueves 5 de junio, tanto en los domicilios de las docentes como en el plantón que mantienen frente al Congreso del Estado.
Las maestras cumplen actualmente 47 días de protesta y 17 días de huelga de hambre para exigir que las autoridades atiendan sus demandas relacionadas con el derecho a la educación inicial en Sonora.
De acuerdo con Covafam, la denuncia la promovió la Mesa Directiva del Congreso del Estado, que encabeza Alejandra López Noriega, por los presuntos delitos de desobediencia y resistencia de particulares.
La vocera del movimiento señaló que resulta significativo que la comparecencia haya sido programada para el mismo día en que el colectivo convocó a una marcha ciudadana en Hermosillo.
«Lo vemos como una medida para presionarnos y desgastarnos, cuando lo que hemos pedido es diálogo y cumplimiento de derechos para los niños y las niñas», expresó.
Las integrantes del movimiento aseguraron que acudirán a la cita acompañadas por su representación legal y atenderán el procedimiento correspondiente, pero reiteraron que no suspenderán ni la huelga de hambre ni las acciones de protesta.
Asimismo, solicitaron el acompañamiento de medios de comunicación durante la comparecencia, al considerar que el conflicto ha escalado mientras las autoridades continúan sin abrir espacios de negociación para resolver sus demandas.
Covafam sostiene que el tema central sigue siendo la implementación de políticas públicas en favor de la educación inicial y el cumplimiento de una sentencia judicial que obliga al Gobierno de Sonora a pagar dos millones de pesos, cuya presupuestación incumplió el Congreso del Estado.