¡Basta de clientelismo!

Iván Jaimes propone crear el INAS para quitarle los programas sociales a los partidos

CIUDAD DE MÉXICO. – 22 de febrero del 2026- ¿Programas de Estado o programas de campaña? El Senador por Sonora, Iván Jaimes Archundia, puso el dedo en la llaga al presentar una iniciativa para crear el Instituto Nacional de Apoyo Social (INAS). ¿El objetivo? Que los apoyos que recibes por derecho dejen de ser usados como «moneda de cambio» electoral por el gobierno en turno.

La propuesta busca que el INAS sea un organismo autónomo (como el INE o el INAI), con personalidad jurídica propia y en el que participen los tres Poderes de la Unión. La idea es simple pero poderosa: que los apoyos lleguen sin intermediarios y, sobre todo, sin condiciones políticas.

“Hoy, en México, los programas sociales son programas partidistas, no programas de Estado. Dependen del gobierno en turno. Los derechos sociales no deben quedar sujetos al criterio de los distintos gobernantes”, argumentó con fuerza el Senador Jaimes.

Un pastel de casi un billón de pesos Jaimes soltó datos que ponen a temblar a cualquiera: para este 2026, el presupuesto destinado a programas sociales superó los 987 mil 160 millones de pesos. Esa cifra es casi el doble de lo que se gastaba en 2018. Con tanto dinero en juego, el senador advierte que el riesgo de manipulación y coacción hacia los 25 millones de beneficiarios es altísimo si no existe un árbitro independiente.

¿Qué cambiaría con el INAS?

  • Adiós a la discrecionalidad: No más entrega de apoyos por «favores políticos».
  • Blindaje Constitucional: Se busca reformar el Artículo 4° para que el Estado esté obligado a otorgar una prestación universal sin que nadie te amenace con quitártela si no votas por «X» o «Y».
  • Transparencia total: El Instituto tendría sistemas de control presupuestario para saber exactamente a dónde va cada peso, sin que se pierda en el camino.

Para el legislador sonorense, la ciudadanía debe poder elegir a sus gobernantes sin miedo a perder sus pensiones o becas. «Ningún gobierno y ningún partido pueden apropiarse de lo que constitucionalmente pertenece al pueblo», sentenció.