Hermosillo, Sonora.23/01/26.- El Tribunal de Justicia Administrativa impuso una multa de 134 millones de pesos e inhabilitación administrativa a Juan Alan N., exfuncionario de la Secretaría de la Contraloría y Obras Públicas (CECOP), tras acreditarse su responsabilidad en un caso de desvío de recursos públicos por un monto comprobado de 67 millones de pesos.
La sanción, que equivale al doble del daño económico detectado, fue determinada directamente por el Tribunal, luego de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno concluyera la investigación administrativa y turnara el expediente al órgano jurisdiccional, al tratarse de una falta grave.
Autoridades explicaron que la severidad de la sanción se debe a que durante la investigación se detectaron más de 200 eventos irregulares, lo que permitió la acumulación de penalidades y la aplicación de la sanción máxima prevista en la ley administrativa.
Asimismo, se confirmó que los 67 millones de pesos ya fueron recuperados por el Estado por otras vías legales, aunque no fueron restituidos directamente por el exfuncionario sancionado.
En este caso, existen investigaciones paralelas en curso. Mientras que la vía administrativa fue resuelta por el Tribunal de Justicia Administrativa, la parte penal corresponde a la Fiscalía General de Justicia del Estado, a través de la Fiscalía Anticorrupción.
Se informó también que Juan Alan N. no ha comparecido ante el Tribunal, por lo que su notificación fue publicada mediante edictos. En tanto, su esposa se encuentra detenida dentro del proceso penal relacionado con el caso.
De acuerdo con la Secretaría Anticorrupción, son cinco los exfuncionarios involucrados en esta investigación:
- Uno ya fue sancionado por falta grave por el Tribunal.
- Uno fue inhabilitado por un año por una falta no grave.
- Dos expedientes más ya se encuentran en revisión del Tribunal.
- Uno continúa en etapa de integración.
Las autoridades precisaron que el caso se circunscribe exclusivamente a operaciones realizadas dentro de CECOP y que la investigación inició tras detectarse movimientos irregulares en las cuentas trimestrales, principalmente en abril, aunque los primeros desvíos habrían comenzado a finales de 2024.
Finalmente, destacaron que este procedimiento refleja el compromiso institucional de vigilar el uso de los recursos públicos y de garantizar a la ciudadanía que los actos de corrupción serán investigados y sancionados conforme a derecho, aun cuando los procesos requieran tiempo para su adecuada integración.