Piden organizaciones a legisladores revisar con enfoque de derechos humanos la edad mínima de consentimiento sexual
Hermosillo, Sonora; noviembre 7 de 2025. Organizaciones civiles exhortaron a integrantes del Congreso del Estado de Sonora a no dictaminar de manera apresurada la iniciativa que busca elevar la edad mínima de consentimiento sexual de 12 a 16 años, sin antes considerar las propuestas ciudadanas recabadas durante el Parlamento Abierto sobre Igualdad y Derechos Humanos.
En el encuentro participaron Elizabeth Plácido Ríos, oficial de incidencia de Equality Now, y Iván Andrade Rembao, director general de EnIgualdadHace A.C., quienes coincidieron en la urgencia de armonizar la legislación estatal con los estándares internacionales de derechos humanos para garantizar una mayor protección a niñas y adolescentes frente a la violencia sexual.
Actualmente, la ley en Sonora establece los 12 años como edad mínima de consentimiento sexual, lo que significa que, en ciertos casos, una persona adulta puede argumentar que una niña o adolescente “consintió” mantener relaciones sexuales, lo que reduce la gravedad del delito y propicia la impunidad.
“Una niña de 12 años no puede consentir libre y voluntariamente una relación sexual con un adulto, sobre todo cuando hay una relación de poder o autoridad, como la de un maestro, un familiar o cualquier persona mayor”, subrayó Plácido Ríos.
La activista explicó que mantener esta edad vulnera derechos fundamentales y perpetúa una interpretación jurídica que minimiza la responsabilidad de los agresores. Por ello, las organizaciones proponen elevar la edad mínima a 16 años, pero también reformar el Código Penal para eliminar el tipo penal de estupro —que actualmente contempla penas menores— y fortalecer la figura de violación con base en los estándares internacionales.
Andrade Rembau añadió que la propuesta de las organizaciones no busca criminalizar las relaciones entre adolescentes, sino proteger a niñas y niños de relaciones desiguales y coercitivas. “La iniciativa incluye una cláusula conocida como Romeo y Julieta, que exenta de responsabilidad a parejas con diferencia de edad menor a dos años, justamente para no penalizar relaciones entre jóvenes de edades similares”, explicó.
Además de modificar la edad mínima, las organizaciones plantean actualizar el lenguaje del Código Penal con un enfoque incluyente y de derechos humanos, ya que todavía se utilizan expresiones discriminatorias como “persona retrasada mental” o “miembro viril”.
“Es momento de aprovechar esta reforma para eliminar términos que vulneran la dignidad de las personas y actualizar la legislación conforme al artículo primero constitucional, que obliga al Estado mexicano a garantizar los más altos estándares de derechos humanos”, destacó Andrade Rembau.
La iniciativa, presentada el 17 de septiembre por la diputada Ernestina Castro, fue turnada a las comisiones de Igualdad, Justicia y Derechos Humanos del Congreso del Estado. Durante el Parlamento Abierto, también participaron las diputadas Alicia Gaytán , presidenta de la Comisión de Igualdad, y Gabriela Félix, presidenta de Parlamento Abierto, quienes escucharon los planteamientos de las organizaciones.
Las y los representantes de la sociedad civil insistieron en que la discusión de la iniciativa debe enriquecerse con un análisis integral de su impacto jurídico, social y presupuestal, así como garantizar la participación de la academia, activistas y especialistas en derechos humanos.
“No se trata solo de subir la edad mínima; se trata de transformar el marco legal para que ninguna niña o adolescente sea revictimizada ni quede desprotegida por vacíos legales”, concluyó Plácido Ríos.
Las organizaciones Equality Now y EnIgualdadHace A.C. reiteraron su disposición para seguir colaborando con el Congreso local en el perfeccionamiento de la iniciativa y en la promoción de una legislación más justa, incluyente y protectora de los derechos de la niñez y adolescencia sonorense.