Propone Iris Sánchez Chiu revisiones obligatorias a vehículos y conductores del transporte público y de personal en Sonora
Hermosillo, Sonora; 7 de octubre de 2025.- Con el objetivo de reducir accidentes viales y proteger la vida de miles de usuarios, la diputada Iris Fernanda Sánchez Chiu, integrante del Grupo Parlamentario del PRI, presentó una iniciativa para reformar el artículo 103 de la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de Sonora, con la cual se busca establecer revisiones obligatorias tanto a los vehículos del transporte público y de personal como a los conductores que los operan.
La legisladora explicó que la propuesta establece que el Instituto de Movilidad y Transporte del Estado de Sonora (Imtes) deberá diseñar, implementar y supervisar un programa anual de revisión de todas las unidades y choferes, a fin de garantizar que cumplan con las normas de seguridad, mantenimiento y salud requeridas para la prestación del servicio.
“Cada usuario del transporte público o de personal merece saber que el vehículo donde viaja está en buenas condiciones y que el conductor se encuentra en óptimo estado de salud y capacitado. La seguridad vial no debe depender de la suerte”, expresó la diputada Sánchez Chiu.
La iniciativa también contempla que los resultados de estas revisiones sean publicados en los portales oficiales del Gobierno del Estado y del Imtes, con el propósito de garantizar transparencia y el derecho de los usuarios a conocer el estado de las unidades en las que se trasladan.
De acuerdo con datos del INEGI, Sonora ocupa el sexto lugar nacional en accidentes viales. Tan solo en 2024, se registraron 284 muertes por hechos de tránsito en la entidad, de las cuales 129 correspondieron a conductores, 36 a pasajeros, 75 a peatones y 12 a ciclistas.
Además, reportes del Hub de Periodismo de Investigación de la Frontera Norte señalan que en los últimos diez años más de 30 jornaleros agrícolas han perdido la vida y más de 250 han resultado lesionados en accidentes de transporte de personal.
Sánchez Chiu recordó que el derecho a la movilidad segura está reconocido en el artículo 4° constitucional, por lo que el Estado tiene la obligación de garantizar que los servicios de transporte público operen bajo estándares reales de seguridad, mantenimiento y salud.
“Con esta reforma buscamos prevenir tragedias, fortalecer la confianza ciudadana y proteger la vida de quienes todos los días se trasladan a sus centros de trabajo”, concluyó la diputada priista.
